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Comentario sobre el articulo.

Estos casos ocurren con cierta frecuencia debido al "derecho de pernada" que tienen y utilizan las aseguradoras, como medio para no pagar, o pagar lo menos posible los siniestros.

Mi caso, es muy similar mi coche un Citröen C5 con casi 12 años de vida pero en perfecto estado, lo tengo asegurado a todo riesgo sin franquicia y por un golpe que me dieron aparcado en el portón trasero afectando algo el parachoques, el Perito, lo dió siniestro total. Ni que decir tiene que el caso, no llegó a los tribunales bastó, con denunciar a la Compañia, ante la Dirección General de Seguros. A partir de ese momento, las cosas cambiaron y al final hubo acuerdo entre las partes, todo ello, conforme al presupuesto del taller es decir que pagaron la reparación y algo más .....

----------------------------------------------------------------------------------------

 

sep30

Condenada aseguradora a pagar la reparación de un siniestro total

(INFOTALLER)

Una compañía aseguradora ha sido condenada por la Audiencia Provincial de Murcia a pagar la reparación de un vehículo accidentado, en lugar de su valor venal. El importe que deberá abonar asciende a 17.560 euros y se corresponde con el de la facturaexpedida por el taller.

Según explica la prensa local, la sentencia revoca en parte a la dictada por un Juzgado de Primera Instancia de Caravaca de la Cruz, que había condenado a la compañía a pagar9.000 euros por las lesiones sufridas por el accidentado y 12.810 euros por los daños del vehículo, en base a la cobertura a todo riesgo contratada.

Según el tribunal, no es posible que la aseguradora se acoja a pagar el valor venal del vehículo, ya que se trata de una cláusula limitativa, una consideración que se había recogido ya en la primera sentencia.

 

El juzgado de Güímar archiva la causa abierta contra el gruista

septiembre 28, 2014 | Sucesos

TINERFE FUMERO | Santa Cruz de Tenerife

Se quedó en nada la singular polémica entre la titular del juzgado de instrucción número 1 de Güímar y el dueño de una empresa de grúas de Arafo al que imputó por un posible delito de desobediencia ya que éste se negó a seguir ejerciendo como almacén judicial gratuito al considerar que el volumen de encargos que luego no se cobran resulta insoportable para su negocio.

La acusación decayó al solicitar la propia Fiscalía el sobreseimiento del asunto

El archivo de esta causa ha sido adoptado por el propio juzgado al negar la Fiscalía su respaldo a dicha acusación lo que, unido al hecho de que tampoco se personó acusación particular alguna, hizo decaer el asunto y aceptar el sobreseimiento que solicitaron tanto el Ministerio Público como la defensa, por mucho que en su auto la jueza considere “discutibles” los criterios jurisprudenciales utilizados por la Fiscalía.

Como adelantó en su día este periódico, allá por octubre del año pasado el propietario de la empresa arafera declaró que si bien se había negado a recoger el vehículo que desencadenó estas diligencias previas, no es reacio a colaborar con la Justicia, como a su juicio prueba el hecho de que durante años ha recogido los coches y motos, en algún caso durante años. También cabe recordar que tras esta polémica se oculta un dato fundamental para su comprensión: la gran mayoría de los casos en que luego se decreta el gratis total para los que van a recoger los vehículos son los juzgados número 2 y número 3 de este partido judicial, y no el número 1 que es el que entendió que se estaba obstruyendo la acción de la Justicia.

Sin respuesta

Más allá de este incidente pasajero, lo cierto es que el conflicto sigue abierto ya que sigue sin producirse una reunión entre la Consejería de Justicia del Gobierno de Canarias con la patronal del ramo, la Asociación Canaria de Empresas de Asistencia en Carretera (Aceac), a pesar de las reiteradas solicitudes por parte de éstos.

Mientras no se produzca un acuerdo, lo sucedido en el Valle de Güímar es susceptible de repetirse en otros puntos de la geografía canaria.

El RACE obligado a pagar a las grúas de asistencia

Escrito el 27 septiembre , 2014 por

No se consideran válidos los despidos de los gruístas de 2010

grúa

 

La Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado los recursos del RACE Asistencia contra las sentencias en su contra, en relación a las demandas de los transportistas por la rescisión de los contratos que mantenían con las empresas de asistencia en carretera.

La Audiencia Provincial de Madrid considera las rescisiones de contrato y el comportamiento previo del RACE ilegales porque vulneran el Código Civil porque “el incumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes”, pues son “parte absolutamente dominante de la relación contractual”.

La Audiencia Provincial  ha condenado a RACE Asistencia a indemnizar a los transportistas con una cuantía equivalente a la facturación anual del transportista deduciendo un tercio del importe reclamado en concepto de gastos.

Hace más de año y medio, la DGT nos prometió, que en sus compañas de conciencienzación ciudadana en materia de Seguridad Vial, contarían con las Grúas de Auxilio en Carretera promoviendo su indudable necesidad y presencia al día de hoy, de lo prometido no hay nada........

Todo lo contrario que en Canarias que además de estar el sector de Transporte de Auxilio Rescate reconocido por la Ley 13/2007 de Transportes de Canarias al menos aqui y por medio de la prensa, se está empezando a reconocer nuestra presencia que no es más ni menos importante, que los demás colectivos que intervienen en este tipo de operativos. 

 

sucesos >

La TF-1 se colapsa al chocar dos camiones a la altura del Porís

septiembre 22, 2014 | Actualidad,Portada temático,Sucesos

Fotos SERGIO MÉNDEZ

EUROPA PRESS - TINERFE FUMERO | Santa Cruz de Tenerife

Los usuarios de la autopista que conecta Santa Cruz de Tenerife con el Sur de la isla (TF-1) sufrieron en la mañana de ayer grandes retenciones tras un accidente en el que se vieron implicados dos camiones y un turismo, hecho que provocó que todos los carriles de la vía en el sentido hacia Santa Cruz quedaran totalmente cerrados. Además, el conocido como efecto mirón hizo que los carriles en dirección Sur se ralentizaran para desesperación de los conductores. En información captada entre testigos y servicios actuantes que luego fue confirmada por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 del Gobierno de Canarias, fue minutos después de las siete y media de la tarde cuando se produjo el accidente, acaecido a la altura del punto kilométrico 40, junto al Porís de Abona y dentro del término municipal de Arico. A pesar de la tremenda aparatosidad del siniestro (ver galería de fotos en www.diariodeavisos.com), felizmente sólo hubo que lamentar un herido, que fue atendido por efectivos del Servicio de Urgencias Canario. Tras una primera valoración en la que le apreciaron heridas de carácter leve, procedieron a su traslado hasta un centro sanitario. Aunque el trabajo de los servicios de emergencia fue incesante y hasta hubo que desviar el tráfico por una pista de tierra en la zona de Los Abades. Actuaron en la zona las grúas de empresas de servicio Auxilio y rescate, Mantenimiento de Carreteras, Guardia Civil y los ya citados del SUC.

A la espera de la tramitación de las oportunas diligencias, todo apunta a que la limitación de espacio del arcén originó el impacto entre los dos camiones, ya que uno de ellos estaba estacionado en el mismo.

PRETENDIAN QUE ESTO NO SE SUPIERA ....... NOSOTROS NO ....

____________________________________________________________

 

Roj: SAP M 14921/2013

Id Cendoj: 28079370212013100608

Órgano: Audiencia Provincial

Sede: Madrid

Sección: 21

Nº de Recurso: 154/2012

Nº de Resolución: 479/2013

Procedimiento: Recurso de Apelación

Ponente: VIRGINIA VILLANUEVA CABRER

Tipo de Resolución: Sentencia

Audiencia Provincial Civil de MadridSección Vigésimoprimera C/ Ferraz, 41 - 28008Tfno.:

914933873,387237007740

N.I.G.: 28.079.00.2-2012/0002599

Recurso de Apelación 154/2012

O. Judicial Origen: Juzgado Mixto nº 03 de Colmenar Viejo

Autos de Procedimiento Ordinario 563/2010

APELANTE: RACE ASISTENCIA S.A. y UNION DE AUTOMOVILES CLUBS DE SEGUROS Y REASEGUROS,S.A.

PROCURADOR D./Dña. RAMIRO REYNOLDS MARTINEZ

APELADO: D./Dña. Diego

PROCURADOR D./Dña. M. DEL CARMEN DE LA FUENTE BAONZA

GRUPO EMPRESARIAL RACE,S.L.

REAL AUTOMOVIL CLUB DE ESPAÑA

 

SENTENCIA

MAGISTRADOS Ilmos Sres.:

Dª ROSA MARIA CARRASCO LOPEZ

D. RAMON BELO GONZALEZ

VIRGINIA VILLANUEVA CABRER

En Madrid, a tres de octubre de dos mil trece. La Sección Vigesimoprimera de la Audiencia Provincial de Madrid, compuesta por los Señores Magistrados expresados al margen, ha visto, en grado de apelación los autos de juicio ordinario número 563/2010 procedentes del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Colmenar Viejo, seguidos entre partes, de una, como Apelantes- Demandados: RACE ASISTENCIA SA y UNION AUTOMOVILES CLUBS DE SEGUROS Y REASEGUROS SA, como Apelados- Demandados: Real Automóvil Club de España, Grupo Empresarial RACE SL, y de otra, como Apelado-Demandante: Don Diego .

VISTO, siendo Magistrado Ponente la Ilma. Sra. Dª. VIRGINIA VILLANUEVA CABRER.

I.- ANTECEDENTES DE HECHO

La Sala acepta y da por reproducidos los antecedentes de hecho de la resolución recurrida.

PRIMERO.- Por el Juzgado de 1ª Instancia número 3 de Colmenar Viejo, en fecha 28 de octubre de 2011, se dictó sentencia , cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "FALLO: Que estimando en parte la demanda interpuesta por el Procurador Doña María del Mar Pinto Ruiz, en nombre y representación de D. Diego , debo declarar y declaro resuelto el contrato concertado entre las partes, y en consecuencia, debo condenar a las entidades RACE ASISTENCIA, SA y UNION DE AUTOMOVILES CLUBS DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA (UNACSA), a abonar al actor la cantidad de TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA YDOS EUROS, CON TREINTA Y UN CENTIMOS (36.872,31 euros), más el interés legal desde la fecha de interposición de la demanda y los intereses procesales. Absolviéndoles del resto de pedimentos contenidos en la demanda. Y sin imposición de costas. y debo absolver y absuelvo a las entidades REAL AUTOMOVIL CLUB D ESPAÑA (RACE) y GRUPO EMPRESARIAL RACE, SL, de los pedimentos formulados en su contra, al estimar la excepción de falta de legitimación pasiva, con imposición de las costas causadas a la parte actora. "

SEGUNDO.- Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la partes demandadas RACE ASISTENCIA S.A. y UNION DE AUTOMOVILES CLUBS DE SEGUROS Y REASEGUROS,S.A. admitido en ambos efectos, se dio traslado del mismo a la parte apelada, quién se opuso en tiempo y forma.

Elevándose los autos junto con oficio ante esta Sección, para resolver el recurso.

TERCERO.- Por providencia de esta Sección, de 5 de septiembre de 2013, se acordó que no era necesaria la celebración de vista pública, señalándose para deliberación, votación y fallo el día 30 de septiembre de 2013.

CUARTO.- En la tramitación del presente procedimiento han sido observadas en ambas instancias las prescripciones legales.

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

Se aceptan los fundamentos de derecho de la sentencia de instancia.

PRIMERO.- El presente recurso trae causa del procedimiento ordinario 563/2.010 seguido ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Colmenar Viejo, a instancia de DON Diego contra las entidades REAL AUTOMOVIL CLUB DE ESPAÑA (RACE), GRUPO EMPRESARIAL RACE S.L., RACE ASISTENCIA S.A. y UNION DE AUTOMOVILES CLUBS DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. (UNACSA) en el que en demanda se solicitaba se dictara sentencia por la que:

Se declare que las demandadas han incumplido el contrato que vinculaba a las partes entre el 3 y el 9 de febrero de 2.010 y se condene solidariamente a las mismas al pago de 3.461,25 euros en concepto de indemnización por los daños y perjuicios derivados de dicho incumplimiento.

Se declare que las demandadas han resuelto unilateral, injustificada y dolosamente el contrato suscrito en el año 2.004 y se condene solidariamente a las mismas a indemnizar al actor por los daños sufridos en la cantidad de 58.527,48 euros.

Se condene a las demandas a pagar solidariamente la indemnización que corresponda en concepto de lucro cesante en la cantidad que quede acreditada en este proceso.

Se condene a las demandadas solidariamente al pago de los intereses legales y procesales que, en los términos previstos en los artículos 1.100 y concordantes del C.C . y 576 de la LEC , procedan sobre las anteriores cantidades.

Tras la correspondiente tramitación se dictó sentencia el día 28 de octubre de 2.011 cuya parte dispositiva ha quedado transcrita en los antecedentes de hecho de esta resolución.

Frente a la sentencia de instancia se alzan las demandadas condenadas RACE ASISTENCIA S.A. y UNION DE AUTOMOVILES CLUBS DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. solicitando que con estimación del recurso que formulan se revoque la sentencia de instancia y se dicte otra desestimando íntegramente la demanda.

El objeto del recurso es impugnar los fundamentos de derecho tercero y cuarto de la sentencia así como el fallo, consideran que se incurre en error en la apreciación de la prueba puesto que de la misma no se derivan las conclusiones a las que llega el órgano a quo y que provocan la estimación parcial de la demanda.

La parte actora apelada solicita la desestimación del recurso y la confirmación de la sentencia de instancia.

SEGUNDO.- En el fundamento de derecho tercero de la sentencia que se impugna se califica la relación

jurídica existente entre las partes desde 2.004, que se califica de forma correcta por la Sra. Magistrado Juez de instancia como un contrato atípico de colaboración, pues se pronuncia en el mismo sentido que las Sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo, ponente Sr. Marín Castán, referidas a supuestos similares como son la de 19 de febrero de 2.010 y la de 30 de noviembre del mismo año , sin perjuicio de que en el presente caso el contrato sea verbal.

La sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1, de fecha 19 de febrero de 2.010 , dice:

"PRIMERO.- La cuestión nuclear que plantea el presente recurso de casación consiste en si constituye o no incumplimiento resolutorio de un contrato denominado " de concesión de la prestación del servicio de asistencia en viaje "el hecho de que la concedente, parte demandada, dejara de encargar servicios de asistencia en carretera al concesionario no exclusivo, parte demandante, que mediante sus vehículos-grúa prestaba materialmente la asistencia al automovilista necesitado, generalmente asegurado con las compañías concertadas con la concedente demandada. ( ....)

SEGUNDO.- El primer motivo, fundado en infracción de los arts. 1258 y 1256 en relación con el 1124, todos del CC , impugna la sentencia recurrida por no haber apreciado incumplimiento del contrato por la demandada pese a que ésta pretendió disminuir las tarifas vigentes y, ante la petición de explicaciones por el actor-recurrente, le retiró radicalmente y sin explicación alguna todos los servicios, pasando de más de 8.000 a ninguno. Según el alegato del motivo no es relevante la falta de exclusividad ni que el contrato no fijara un máximo o un mínimo de servicios a prestar, ya que de hecho nada de ello había sido necesario hasta entonces, sino que lo fundamental ha sido el cumplimiento de sus obligaciones por el actor, manteniendo una estructura de permanente disponibilidad con grúas rotuladas o en su caso identificadas con los logotipos de la demandada, las cuales no podían trabajar para compañías ni peticionarios no canalizados por XXX, mientras que ésta, en cambio redujo a cero los servicios a prestar por el demandante, hecho éste no controvertido, de suerte que el tribunal de apelación "quizá haya creído que se seguían prestando servicios aunque de manera reducida" y por eso, al no contener el contrato un volumen concreto, no aprecia incumplimiento contractual de la demandada.

La respuesta casacional al motivo así planteado pasa necesariamente por constatar que la demandadarecurrida, al impugnarlo en su escrito de oposición al recurso, admite que en efecto dejó de encargar servicios al actor-recurrente, justificando esta decisión por la negativa del mismo a aceptar las nuevas condiciones, esencialmente reducción de tarifas, que se derivaban de la estructura conjunta formada por XXX y XXX.

Concretamente alega que a partir de julio de 2001 sólo pagó al actor-recurrente, al precio que éste dispusiera en su factura, por aquellos servicios realizados a asegurados de XXXX que "por alguna razón" el actor hubiera llevado a cabo, como por ejemplo llegar al lugar de asistencia con una de sus grúas antes que la enviada expresamente por XXXX (p. 5 del escrito de oposición). En cuanto a la razón de esta actitud, la demandadarecurrida alega que su nueva estructura conjunta con XXXX determinaba necesariamente una reducción de tarifas, algo que por otra parte tampoco constituía ninguna anomalía en su relación contractual con el actorrecurrente porque todos los años, en la misma época, se habían revisado las tarifas durante la vigencia de los sucesivos contratos sin que el actor-recurrente se hubiera opuesto. En consecuencia, considera que en esta última ocasión el actor-recurrente no tenía ninguna razón para negarse al consenso que la demandadarecurrida se esforzó siempre por alcanzar y, por tanto, que ésta no incumplió el contrato.

Pues bien, vistos los respectivos planteamientos de ambas partes debe concluirse que el motivo ha de ser estimado porque la sentencia recurrida, al considerar que no hubo incumplimiento contractual de la demandada-recurrida por no contener el contrato ninguna cláusula de exclusividad y no venir obligada a encargar un número mínimo de servicios al actor-recurrente, efectivamente infringió los arts. 1256 y 1258 en relación con el 1124, todos del CC , ya que la falta de exclusividad o de pacto sobre un número mínimo de servicios no autorizaba a la concedente a dejar el contrato vacío del contenido manteniendo vinculado al concesionario mientras ella se desvinculaba de hecho.

Si el art. 1256 CC dispone que la validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes, impidiendo así que se erija en parte absolutamente dominante de la relación contractual ( STS 17-5-08 ) o que se produzca una novación por decisión unilateral ( STS 29-1-08 ); y si el art. 1258 CC impone a los contratantes no sólo el cumplimiento de lo expresamente pactado sino también las consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la buena fe, de suerte que solo una alteración sobrevenida y verdaderamente extraordinaria de las circunstancias contempladas al celebrarse el contrato justificaría la siempre excepcional modificación de su contenido por la denominada cláusula rebus sic stantibus ( SSTS 26-6-08 , 25-1-07 y 17-11-00 entre otras muchas), ninguna duda cabe de que la demandadarecurrida, al dejar por completo de encargar servicios al actor-recurrente estando vigente el contrato, incumplió su prestación esencial para con dicho contratante, la de captación y selección de clientes, de suerte que mientras el actor-recurrente seguía vinculado y cumplía el contrato manteniendo la infraestructura que le exigía la concedente para poder prestar un buen servicio, ésta, en cambio se desvinculaba de hecho y vaciaba de contenido el contrato frustrando la finalidad que tenía para la otra parte contratante y faltando, en suma, a su función económica ( STS 4-6-07 con cita de otras muchas)."

En el mismo sentido se pronuncia la Sentencia de 30 de noviembre de 2.010 :

"Ante todo debe señalarse que la interpretación del contrato por el tribunal sentenciador como un "marco negocial" para la celebración de particulares arrendamientos de servicios, como una especie de arrendamiento "flotante" atípicamente configurado, en principio no desacertada puesto que el contrato litigioso es ciertamente atípico, no tendría que haber desembocado en la conclusión de que el contrato era unilateral y sólo imponía obligaciones a la actora-recurrente, pues semejante conclusión infringe no sólo el art. 1256 CC sino también sus arts. 1258 y 1289 .

Realmente las dudas y vacilaciones del tribunal de apelación reflejadas en la sentencia recurrida, como resulta de su motivación resumida en el fundamento jurídico primero de la presente sentencia de casación y especialmente de su contradicción interna al calificar la rotulación de las grúas como facultad contractual de la actora que sin embargo acabó convirtiéndose en una obligación por exclusiva voluntad de la demandada, habrían podido evitarse fácilmente si en lugar de centrarse en el concepto de "arrendamiento" hubiera atendido también al de "colaboración" que la hoy recurrente proponía en su demanda como calificación alternativa pero dentro de su petición principal ("que se declare que dicha relación contractual consiste en un contrato de colaboración de servicios o de arrendamiento de servicios" , petición 2ª, folio de 16 de las actuaciones), pues evidente resulta que el denominado "Protocolo de acuerdo de proveedores" , que según ambas partes definía su relación contractual, es incardinable en el amplio género de los llamados contratos de colaboración y muy próximo a los de concesión, caracterizados no tanto por las prestaciones que el concesionario realiza para terceros por encargo del concedente, o por los contratos individuales que celebra con terceros en interés propio pero también cumpliendo su deber de promoción de los productos del concedente, como por la colaboración permanente y continuada entre concedente y concesionario ( SSTS 11-7-07 ) en rec. 2993/00 y 22-6-07 en rec. 2943/00 ). Por eso el "Protocolo" en cuestión obligaba al denominado "proveedor" , en realidad concesionario del servicio de ayuda en carretera que XXX tenía contratado con sus clientes, a estar a disposición de XXX "durante las 24 horas del día, los 365 días del año, con las garantías de calidad necesarias"; por eso se facultaba a la actora para rotular sus vehículos grúa con el logotipo de XXX; por eso se preveían sucesivos acuerdos sobre las tarifas aplicables; por eso se facultaba a cualquiera de las dos partes para resolver el contrato sin más requisito que un preaviso, rasgo característico de los contratos de distribución por tiempo indefinido; y por eso, en fin, la reciente sentencia de esta Sala de 19 de febrero del corriente año (rec. 2411/05) se ha pronunciado sobre un contrato similar y un conflicto también muy similar desde la perspectiva del contrato de concesión, si bien ciertamente en aquel caso el propio contrato litigioso se denominaba "de concesión de la prestación del servicio de asistencia en viaje", considerando la Sala en cualquier caso como esencial la obligación del concedente de captar y seleccionar clientes para el concesionario.

Así las cosas, la consideración del contrato por el tribunal sentenciador como unilateral por el mero hecho de que el referido documento no contuviera expresamente la obligación de XXX de encargar servicios a la actora hoy recurrente infringe el art. 1256 CC citado en el motivo, pues la disponibilidad prácticamente absoluta e incondicional de la hoy recurrente a los requerimientos de XXX sólo podía justificarse por la obligación contractual de esta última, no expresa pero sí implícita o sobreentendida si se recuerda lo que disponen los arts. 1258 y 1289 CC , de encargar servicios a la recurrente. Es más, si el primer "Protocolo", de 1987 , se renovó en 1996, incluyéndose entonces la facultad de la actora de rotular sus vehículos con el logotipo de XXX y reforzándose por consiguiente el vínculo de colaboración entre las partes contratantes, la explicación no puede ser otra que las razonables expectativas de la actora de que la demandada iba a seguir encargándole servicios como en años anteriores, encargos para los que la falta de exclusividad no había supuesto hasta entonces obstáculo alguno, ya que apenas cabe imaginar mayor desequilibrio contractual que el de exigir plena y absoluta disponibilidad, autorizar al concesionario a usar el logotipo del concedente, que el concesionario lo haga en tres de sus vehículos y, sin embargo, la aseguradora pueda no encargar ningún servicio a la empresa de grúas e incluso extinguir de hecho la relación contractual por la sencilla vía de vaciarla de contenido. De ahí que tampoco acierte la sentencia recurrida al aumentar aún más el desequilibrio contractual transmutando la facultad de la actora de rotular sus vehículos en una obligación por el mero hecho de haber ejercitado dicha facultad y por el propio curso de la relación contractual, pues si algo demuestra la pacífica persistencia del vínculo durante más de quince años es que la relación se fundaba, conforme a la buena fe y la confianza recíprocas, en que la demandada repartía los servicios entre sus "proveedores" de un modo que satisfacía razonablemente los objetivos empresariales de las partes; como igualmente no acierta al calificar la carta de XXX a la actora fechada en 13 de mayo de 2003, en realidad una amenaza nada velada de dejar de encargar servicios si la actora no rotulaba sus grúas, de algo encuadrable "en los propios términos del contrato marco" y justificado por el "alto grado de flexibilidad" que éste confería a la actora, sin advertir con ello que tan alto grado de flexibilidad resulta de todo punto incompatible con el art. 1256 CC en cuanto impide dejar la validez y cumplimiento de los contratos al arbitrio de uno de los contratantes.

Las anteriores consideraciones determinan, a su vez, que la sentencia recurrida también infrinja el art. 1124 CC , citado en el motivo junto con el 1256 , porque el contrato contenía obligaciones recíprocas y, como en el caso de la citada sentencia de 19 de febrero del corriente año, la demandada, al dejar de encargar servicios a la actora, so pretexto en el presente caso de que ésta incumplía una inexistente obligación de rotular sus vehículos, incumplió a su vez el contrato en un grado tan alto y esencial que lo vació de contenido hasta, como admite la propia sentencia recurrida, extinguirlo de hecho al margen de lo previsto en el propio contrato, que era la extinción o "resolución" con preaviso, dato este último en el que la sentencia impugnada no repara suficientemente porque, de haberlo hecho, habría advertido que lo que lograba la demandada mediante esa  extinción puramente de hecho era eludir la liquidación del contrato subsiguiente a una extinción ajustada a lo previsto en el mismo."

Por lo tanto en aplicación de la misma doctrina ha de rechazarse el primer motivo del recurso, del contrato concertado por ambas partes y su resolución unilateral por parte de las entidades demandadas condenadas, surge la obligación de estas de indemnizar al actor de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.124 del C.C ..

TERCERO.- En cuanto al segundo motivo del recurso ha de desestimarse exactamente igual que fue rechazada en la instancia, la alegación de que se dejó de contratar con el demandante porque este les manifestó su condición de TRADE (Trabajadores Autónomos Económicamente Dependientes a los que se refiere la Ley 20/2.007 de 11 de julio y el R.D. 197/2.009 de 23 de febrero) y posteriormente se negó a aceptar las nuevas condiciones que conforme a la citada legislación debían regular su situación, al igual que la de otras personas que tenían concertados contratos con las demandadas y se encontraban en la misma situación.

Tal alegación no es más que un pretexto para resolver de forma unilateral el contrato que vinculaba a las partes tal y como se expresa en la sentencia, puesto que consta acreditado con los documentos aportados por la parte actora unidos a los autos folios 69 a 81 y documentos 23, 24 y 25 el demandante no cumplía la condición de TRADE y así se hizo saber a la contraparte a pesar de que en un principio por error creía que cumplía los requisitos ( interrogatorio del actor), a lo que se hizo caso omiso ( se reconoce en el interrogatorio de las demandadas RACE ASISTENCIA y UNACSA al minuto 10-48 11:53 de la grabación que si se conocía que tenía un trabajador a su cargo y no cumplía los requisitos para ser TRADE ). A pesar de ello se pretendía imponer al actor la modificación del contrato en los términos que constan en el documento número 16.

CUARTO.- El perjuicio causado al demandante por las demandadas al vaciar de contenido el contrato que les vinculaba, es evidente y para la determinación de la indemnización la sentencia recurrida hace referencia al promedio anual de facturación del actor, deducido un 37% de gastos, lo que nos parece adecuado y razonable a la vista de la documentación aportada por la actora y teniendo a su vez en consideración la indemnización que prevé en la cláusula novena del contrato que se pretendía hacer firmar al actor documento número 16 para regular de forma distinta sus relaciones, al ser similar.

QUINTO.- La desestimación del recurso de apelación determina la expresa imposición de las costas causadas en esta instancia a la apelante en virtud de lo que dispone el artículo 398.1 en relación con el artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

III.- F A L L A M O S

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de apelación interpuesto por don Ramiro Reynolds Martínez en representación de RACE ASISTENCIA S.A. y UNION DE AUTOMOVILES CLUBS DE SEGUROS Y REASEGUROS,S.A. frente a la sentencia dictada por la Ilma. Sra. Magistrado-Juez de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Colmenar Viejo con fecha 18 de octubre de 2011 , que debemos confirmar íntegramente con expresa imposición de las costas causadas en esta alzada a la recurrente.

Contra la presente resolución cabe el Recurso de Casación por interés casacional y/o extraordinario por infracción procesal, en los términos previstos en el art 469 de la LECv, en relación con la Disposición Final Decimosexta de la misma, a interponer en el plazo de veinte días ante este Tribunal y del que conocerá la Sala Primera del Tribunal Supremo.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación literal al Rollo de Sala, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Firmada la anterior resolución es entregada en esta Secretaría para su notificación, dándose publicidad en legal forma, y se expide certificación literal de la misma para su unión al rollo. Certifico.

 

ENLACE DE LA SENTENCIA

CENDOJ_Sentencia_479_-2013_de_3_de_Octubre_de_2013_contra_el_Race.pdf

 

 

 

La asistencia en carretera al límite

Escrito el 26 agosto , 2014 por

Los transportistas de asistencia vuelven a denunciar su situación

grúa

 

Según informó FENADISMER, la Asociación Empresarial de la Comunidad de Valenciana de Asistencia en Carretera, integrada esta federación, el sector del transporte de asistencia en carretera viene soportando en los últimos años una situación de permanente abuso e imposición de condiciones por sus clientes, las compañías aseguradoras.

Un Juzgado de Elche ha condenado recientemente a un grupo empresarial por tener a sus trabajadores de asistencia en carretera, sometidos a jornadas de “10,5 horas de presencia en el lugar de trabajo y haciendo labores de conducción”, más“otras 12 horas a total disponibilidad” para ser llamados y prestar servicios efectivos.

Por su parte, según señala AECVA, la mayoría de los empresarios del sector de asistencia en carretera se ven condicionados por presión de las Compañías de Seguros, lo que les obliga a organizar de esta forma el trabajo. Se señala que se establece una relación contractual con el gruísta y se fija su dependencia económica, tras una inversión personal para adaptarse a las necesidades del servicio, y amenazar con reducciones de los servicios si  no se accede a las pretensiones.

Además de un precio medio de los servicios muy bajo (20 €), los gruístas y pequeños empresarios denuncian la nula implicación y confianza de las aseguradoras con las empresas que ni siquiera garantizan un número mínimo de servicios, aunque se firme la disponibilidad del gruísta para la aseguradora.

 

 

DIARIO DE AVISOS

economía >

La patronal de transportistas denuncia la desidia del Cabildo

transportistas La patronal de transportistas denuncia la desidia del Cabildo

Imagen de una de las últimas movilizaciones del sector del Transporte en Tenerife, que llegó a bloquear varias de las principales vías de la Isla. / DA

DIARIO DE AVISOS | Santa Cruz de Tenerife

Distintas asociaciones del transporte en Tenerife, como son la Asociación de Transporte de Viajeros; la Asociación Canaria de Empresas de Auxilio en Carretera, ACEAC, así como otras organizaciones con representatividad en el sector del transporte de mercancías, denuncian “la desidia de la Consejería de Transportes del Cabildo de Tenerife en la entrega del certificado previo a matriculación para poder hacer su tramitación en la Jefatura de Tráfico”.

Se trata de un trámite que, aseguran los transportistas, “se hacía antes en el mismo día de presentación de la solicitud o al día siguiente y ahora tardan hasta 10 y 15 días, algo que aún pasa a mayor espera de tiempo, cuando se trata de la concesión de tarjetas de transporte”.

En este sentido, concretan, que la gestión de entrega de dichas tarjetas, está postergándose hasta tres meses y medio, cuando normalmente se ha tardado siempre unas tres semanas. Esta anómala y prolongada situación les está creando graves problemas económicos y otros como “el no poder cumplir con los clientes y en algún caso perder el trabajo de nuevos servicios que nos surgen”. Asimismo, señalan que “el no contar con la tarjeta, lógicamente, nos impide poder trabajar con dicho vehículo, porque incurriríamos en una ilegalidad”, además de crear competencia desleal con aquellos transportistas, que sí cuentan con tarjetas de transporte aún en vigor, aunque hayan pasado por el mismo calvario.

Calvario

Los transportistas del sector de Mercancías y Auxilio y Rescate, suelen carrozar los camiones en la Península, y por lo general realizar los trabajos del carrozado de dichos vehículos no supera un mes. Cuando llegan al muelle además de haber realizado una fuerte inversión y pagados nuestros impuestos, comienza nuestro “calvario”.

En primer lugar, piden al Cabildo, el certificado previo a la matriculación, el Cabildo de Tenerife tarda diez o quince días, para con ese certificado poder matricular el vehículo, y “la Tarjeta de Trasporte otros tres meses más”. Los representantes de ACEAC, concretamente, recuerdan que “en el sector del transporte de auxilio-rescate, no se puede rodar ningún vehículo sin la tarjeta original de transporte, ya que es un requisito indispensable exigible por los contratos que mantenemos con nuestros clientes, para poder recoger, cargar y transportar los vehículos que nos encargan, así como sus viajeros”. A este respecto, desde los distintos Sectores del Transporte de Mercancías y Viajeros por Carretera de Tenerife, avisan que “si no se pone solución a este grave problema para el sector en Tenerife, en breve, nos veremos abocados a tomar medidas con las que se nos tome más en serio”.

Igualmente, afirman no entender por qué “algo que antes se hacía en tres semanas, ahora esos mismos documentos de transporte tardan hasta tres o cuatro meses en su concesión por falta de agilización en el Cabildo”, aclaran.

Pedimos soluciones

“Entendemos que hay cierta desidia y dejadez en el cumplimiento de sus funciones por parte del Cabildo Insular de Tenerife, toda vez que en los demás cabildos no ocurre, y por ello pedimos una solución rápida a este problema que está repercutiendo, gravemente, sobre la economía de nuestras empresas”. A esta situación añaden que si los transportistas de Tenerife se desplazan a otras islas, son denunciados por la carencia de Tarjeta de Transporte, aunque muestren tenerla solicitada en el Cabildo de Tenerife.


Ante tal cumulo de circunstancias, todas ellas adversas para quienes además de pagar no tienen culpa alguna, las distintas asociaciones de transporte de mercancías, viajeros y vehículos de la isla de Tenerife, se encuentran ahora a la espera de que el Cabildo Insular de Tenerife tome una solución definitiva que acabe con este problema que está repercutiendo de forma grave y onerosa en las empresas y trabajadores del transporte.


Igualmente, afirman que repercute en el que hacer no solo empresarial, sino laboral y social cotidiano de la población, puesto que “el no tener los vehículos con los que obtienen sus rendimientos del trabajo al día, ocasiona no solo pérdidas económicas al transportista, sino también a sus clientes, y a su vez a los clientes de nuestros clientes. Es decir perjudica a toda una cadena sinfín, que sin el transporte, o se ralentiza, o se para, y no digamos ya en el atraso en la distribución y entrega de las mercancías movidas por el transporte de mercancías, y en la misma medida la de transporte de viajeros. Todo esto, además, de algún modo, encarece el costo de explotación, y en definitiva el precio final, algo que evidentemente perjudica de igual forma al usuario, es decir, a la población de Tenerife”.


Reiteradas ocasiones.


Las asociaciones han comunicado con vehemencia este grave y novedoso problema en reiteradas ocasiones al Cabildo de Tenerife (a lo mejor no con la contundencia debida a este grave caso) y “hasta ahora, no solo no se nos ha solucionado, sino que no hay nadie dentro del Cabildo Insular de Tenerife que aporte soluciones”.


En este sentido, “esperamos que a partir de ahora, el área del Departamento de Transportes de Mercancías por Carretera, del Cabildo de Tenerife, y las autoridades competentes del Gobierno de Canarias, cuyas competencias le otorgan, nos acaben entendiendo y vean que esto es un problema que siendo exclusivamente suyo, es decir del Cabildo, además de trasladarlo a la sociedad tinerfeña, ocasiona, y así nos consta, indirectamente impide al propio funcionariado administrativo del departamento, cumplir con el trabajo que se les requiere y al cual está obligado. Trabajo que antes se llevaba dentro de la normalidad”.


Finalmente, el sector de transportes de mercancías, viajeros y auxilio-rescate por carretera de Tenerife requiere del Cabildo insular, soluciones inmediatas ya; es decir, “sin más demoras, porque además de no ser gratis, es nuestro derecho”, recalcan.


Las aguas están agitadas y no descartan emprender acciones de tipo jurídico-administrativo con posible reclamación de daños a los sectores de transporte de mercancías, viajeros y auxilio-rescate, perjudicados y de responsabilidad patrimonial contra el Cabildo, aún por determinar, que “de ninguna manera el transporte en general de Tenerife desea”.

Creemos y así lo podemos afirmar, que  nunca y en ningún sitio, se ha hablado tan claro y con tanta precisión sobre la unica y verdadera situación generalizada y en el tiempo en que se encuentra el Sector de Transporte de Auxilio Rescate y esta vez, y adelantadonos a las nuevas normas actuales, sin ningún temor, se ha hablado, ante la representación del pueblo español.

 

Enlace.

https://vimeo.com/7605592

 

Desde Anerva deseamos una pronta y total recuperación.

Capitan Subsector Sevilla. Atropellado mientras regulaba el tráfico, estado reservado   

Capitán Subsector Sevilla. Atropellado mientras regulaba el tráfico, estado reservado.
 
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