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El RACE obligado a pagar a las grúas de asistencia

Escrito el 27 septiembre , 2014 por

No se consideran válidos los despidos de los gruístas de 2010

grúa

 

La Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado los recursos del RACE Asistencia contra las sentencias en su contra, en relación a las demandas de los transportistas por la rescisión de los contratos que mantenían con las empresas de asistencia en carretera.

La Audiencia Provincial de Madrid considera las rescisiones de contrato y el comportamiento previo del RACE ilegales porque vulneran el Código Civil porque “el incumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes”, pues son “parte absolutamente dominante de la relación contractual”.

La Audiencia Provincial  ha condenado a RACE Asistencia a indemnizar a los transportistas con una cuantía equivalente a la facturación anual del transportista deduciendo un tercio del importe reclamado en concepto de gastos.

Hace más de año y medio, la DGT nos prometió, que en sus compañas de conciencienzación ciudadana en materia de Seguridad Vial, contarían con las Grúas de Auxilio en Carretera promoviendo su indudable necesidad y presencia al día de hoy, de lo prometido no hay nada........

Todo lo contrario que en Canarias que además de estar el sector de Transporte de Auxilio Rescate reconocido por la Ley 13/2007 de Transportes de Canarias al menos aqui y por medio de la prensa, se está empezando a reconocer nuestra presencia que no es más ni menos importante, que los demás colectivos que intervienen en este tipo de operativos. 

 

sucesos >

La TF-1 se colapsa al chocar dos camiones a la altura del Porís

septiembre 22, 2014 | Actualidad,Portada temático,Sucesos

Fotos SERGIO MÉNDEZ

EUROPA PRESS - TINERFE FUMERO | Santa Cruz de Tenerife

Los usuarios de la autopista que conecta Santa Cruz de Tenerife con el Sur de la isla (TF-1) sufrieron en la mañana de ayer grandes retenciones tras un accidente en el que se vieron implicados dos camiones y un turismo, hecho que provocó que todos los carriles de la vía en el sentido hacia Santa Cruz quedaran totalmente cerrados. Además, el conocido como efecto mirón hizo que los carriles en dirección Sur se ralentizaran para desesperación de los conductores. En información captada entre testigos y servicios actuantes que luego fue confirmada por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 del Gobierno de Canarias, fue minutos después de las siete y media de la tarde cuando se produjo el accidente, acaecido a la altura del punto kilométrico 40, junto al Porís de Abona y dentro del término municipal de Arico. A pesar de la tremenda aparatosidad del siniestro (ver galería de fotos en www.diariodeavisos.com), felizmente sólo hubo que lamentar un herido, que fue atendido por efectivos del Servicio de Urgencias Canario. Tras una primera valoración en la que le apreciaron heridas de carácter leve, procedieron a su traslado hasta un centro sanitario. Aunque el trabajo de los servicios de emergencia fue incesante y hasta hubo que desviar el tráfico por una pista de tierra en la zona de Los Abades. Actuaron en la zona las grúas de empresas de servicio Auxilio y rescate, Mantenimiento de Carreteras, Guardia Civil y los ya citados del SUC.

A la espera de la tramitación de las oportunas diligencias, todo apunta a que la limitación de espacio del arcén originó el impacto entre los dos camiones, ya que uno de ellos estaba estacionado en el mismo.

PRETENDIAN QUE ESTO NO SE SUPIERA ....... NOSOTROS NO ....

____________________________________________________________

 

Roj: SAP M 14921/2013

Id Cendoj: 28079370212013100608

Órgano: Audiencia Provincial

Sede: Madrid

Sección: 21

Nº de Recurso: 154/2012

Nº de Resolución: 479/2013

Procedimiento: Recurso de Apelación

Ponente: VIRGINIA VILLANUEVA CABRER

Tipo de Resolución: Sentencia

Audiencia Provincial Civil de MadridSección Vigésimoprimera C/ Ferraz, 41 - 28008Tfno.:

914933873,387237007740

N.I.G.: 28.079.00.2-2012/0002599

Recurso de Apelación 154/2012

O. Judicial Origen: Juzgado Mixto nº 03 de Colmenar Viejo

Autos de Procedimiento Ordinario 563/2010

APELANTE: RACE ASISTENCIA S.A. y UNION DE AUTOMOVILES CLUBS DE SEGUROS Y REASEGUROS,S.A.

PROCURADOR D./Dña. RAMIRO REYNOLDS MARTINEZ

APELADO: D./Dña. Diego

PROCURADOR D./Dña. M. DEL CARMEN DE LA FUENTE BAONZA

GRUPO EMPRESARIAL RACE,S.L.

REAL AUTOMOVIL CLUB DE ESPAÑA

 

SENTENCIA

MAGISTRADOS Ilmos Sres.:

Dª ROSA MARIA CARRASCO LOPEZ

D. RAMON BELO GONZALEZ

VIRGINIA VILLANUEVA CABRER

En Madrid, a tres de octubre de dos mil trece. La Sección Vigesimoprimera de la Audiencia Provincial de Madrid, compuesta por los Señores Magistrados expresados al margen, ha visto, en grado de apelación los autos de juicio ordinario número 563/2010 procedentes del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Colmenar Viejo, seguidos entre partes, de una, como Apelantes- Demandados: RACE ASISTENCIA SA y UNION AUTOMOVILES CLUBS DE SEGUROS Y REASEGUROS SA, como Apelados- Demandados: Real Automóvil Club de España, Grupo Empresarial RACE SL, y de otra, como Apelado-Demandante: Don Diego .

VISTO, siendo Magistrado Ponente la Ilma. Sra. Dª. VIRGINIA VILLANUEVA CABRER.

I.- ANTECEDENTES DE HECHO

La Sala acepta y da por reproducidos los antecedentes de hecho de la resolución recurrida.

PRIMERO.- Por el Juzgado de 1ª Instancia número 3 de Colmenar Viejo, en fecha 28 de octubre de 2011, se dictó sentencia , cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "FALLO: Que estimando en parte la demanda interpuesta por el Procurador Doña María del Mar Pinto Ruiz, en nombre y representación de D. Diego , debo declarar y declaro resuelto el contrato concertado entre las partes, y en consecuencia, debo condenar a las entidades RACE ASISTENCIA, SA y UNION DE AUTOMOVILES CLUBS DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA (UNACSA), a abonar al actor la cantidad de TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA YDOS EUROS, CON TREINTA Y UN CENTIMOS (36.872,31 euros), más el interés legal desde la fecha de interposición de la demanda y los intereses procesales. Absolviéndoles del resto de pedimentos contenidos en la demanda. Y sin imposición de costas. y debo absolver y absuelvo a las entidades REAL AUTOMOVIL CLUB D ESPAÑA (RACE) y GRUPO EMPRESARIAL RACE, SL, de los pedimentos formulados en su contra, al estimar la excepción de falta de legitimación pasiva, con imposición de las costas causadas a la parte actora. "

SEGUNDO.- Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la partes demandadas RACE ASISTENCIA S.A. y UNION DE AUTOMOVILES CLUBS DE SEGUROS Y REASEGUROS,S.A. admitido en ambos efectos, se dio traslado del mismo a la parte apelada, quién se opuso en tiempo y forma.

Elevándose los autos junto con oficio ante esta Sección, para resolver el recurso.

TERCERO.- Por providencia de esta Sección, de 5 de septiembre de 2013, se acordó que no era necesaria la celebración de vista pública, señalándose para deliberación, votación y fallo el día 30 de septiembre de 2013.

CUARTO.- En la tramitación del presente procedimiento han sido observadas en ambas instancias las prescripciones legales.

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

Se aceptan los fundamentos de derecho de la sentencia de instancia.

PRIMERO.- El presente recurso trae causa del procedimiento ordinario 563/2.010 seguido ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Colmenar Viejo, a instancia de DON Diego contra las entidades REAL AUTOMOVIL CLUB DE ESPAÑA (RACE), GRUPO EMPRESARIAL RACE S.L., RACE ASISTENCIA S.A. y UNION DE AUTOMOVILES CLUBS DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. (UNACSA) en el que en demanda se solicitaba se dictara sentencia por la que:

Se declare que las demandadas han incumplido el contrato que vinculaba a las partes entre el 3 y el 9 de febrero de 2.010 y se condene solidariamente a las mismas al pago de 3.461,25 euros en concepto de indemnización por los daños y perjuicios derivados de dicho incumplimiento.

Se declare que las demandadas han resuelto unilateral, injustificada y dolosamente el contrato suscrito en el año 2.004 y se condene solidariamente a las mismas a indemnizar al actor por los daños sufridos en la cantidad de 58.527,48 euros.

Se condene a las demandas a pagar solidariamente la indemnización que corresponda en concepto de lucro cesante en la cantidad que quede acreditada en este proceso.

Se condene a las demandadas solidariamente al pago de los intereses legales y procesales que, en los términos previstos en los artículos 1.100 y concordantes del C.C . y 576 de la LEC , procedan sobre las anteriores cantidades.

Tras la correspondiente tramitación se dictó sentencia el día 28 de octubre de 2.011 cuya parte dispositiva ha quedado transcrita en los antecedentes de hecho de esta resolución.

Frente a la sentencia de instancia se alzan las demandadas condenadas RACE ASISTENCIA S.A. y UNION DE AUTOMOVILES CLUBS DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. solicitando que con estimación del recurso que formulan se revoque la sentencia de instancia y se dicte otra desestimando íntegramente la demanda.

El objeto del recurso es impugnar los fundamentos de derecho tercero y cuarto de la sentencia así como el fallo, consideran que se incurre en error en la apreciación de la prueba puesto que de la misma no se derivan las conclusiones a las que llega el órgano a quo y que provocan la estimación parcial de la demanda.

La parte actora apelada solicita la desestimación del recurso y la confirmación de la sentencia de instancia.

SEGUNDO.- En el fundamento de derecho tercero de la sentencia que se impugna se califica la relación

jurídica existente entre las partes desde 2.004, que se califica de forma correcta por la Sra. Magistrado Juez de instancia como un contrato atípico de colaboración, pues se pronuncia en el mismo sentido que las Sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo, ponente Sr. Marín Castán, referidas a supuestos similares como son la de 19 de febrero de 2.010 y la de 30 de noviembre del mismo año , sin perjuicio de que en el presente caso el contrato sea verbal.

La sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1, de fecha 19 de febrero de 2.010 , dice:

"PRIMERO.- La cuestión nuclear que plantea el presente recurso de casación consiste en si constituye o no incumplimiento resolutorio de un contrato denominado " de concesión de la prestación del servicio de asistencia en viaje "el hecho de que la concedente, parte demandada, dejara de encargar servicios de asistencia en carretera al concesionario no exclusivo, parte demandante, que mediante sus vehículos-grúa prestaba materialmente la asistencia al automovilista necesitado, generalmente asegurado con las compañías concertadas con la concedente demandada. ( ....)

SEGUNDO.- El primer motivo, fundado en infracción de los arts. 1258 y 1256 en relación con el 1124, todos del CC , impugna la sentencia recurrida por no haber apreciado incumplimiento del contrato por la demandada pese a que ésta pretendió disminuir las tarifas vigentes y, ante la petición de explicaciones por el actor-recurrente, le retiró radicalmente y sin explicación alguna todos los servicios, pasando de más de 8.000 a ninguno. Según el alegato del motivo no es relevante la falta de exclusividad ni que el contrato no fijara un máximo o un mínimo de servicios a prestar, ya que de hecho nada de ello había sido necesario hasta entonces, sino que lo fundamental ha sido el cumplimiento de sus obligaciones por el actor, manteniendo una estructura de permanente disponibilidad con grúas rotuladas o en su caso identificadas con los logotipos de la demandada, las cuales no podían trabajar para compañías ni peticionarios no canalizados por XXX, mientras que ésta, en cambio redujo a cero los servicios a prestar por el demandante, hecho éste no controvertido, de suerte que el tribunal de apelación "quizá haya creído que se seguían prestando servicios aunque de manera reducida" y por eso, al no contener el contrato un volumen concreto, no aprecia incumplimiento contractual de la demandada.

La respuesta casacional al motivo así planteado pasa necesariamente por constatar que la demandadarecurrida, al impugnarlo en su escrito de oposición al recurso, admite que en efecto dejó de encargar servicios al actor-recurrente, justificando esta decisión por la negativa del mismo a aceptar las nuevas condiciones, esencialmente reducción de tarifas, que se derivaban de la estructura conjunta formada por XXX y XXX.

Concretamente alega que a partir de julio de 2001 sólo pagó al actor-recurrente, al precio que éste dispusiera en su factura, por aquellos servicios realizados a asegurados de XXXX que "por alguna razón" el actor hubiera llevado a cabo, como por ejemplo llegar al lugar de asistencia con una de sus grúas antes que la enviada expresamente por XXXX (p. 5 del escrito de oposición). En cuanto a la razón de esta actitud, la demandadarecurrida alega que su nueva estructura conjunta con XXXX determinaba necesariamente una reducción de tarifas, algo que por otra parte tampoco constituía ninguna anomalía en su relación contractual con el actorrecurrente porque todos los años, en la misma época, se habían revisado las tarifas durante la vigencia de los sucesivos contratos sin que el actor-recurrente se hubiera opuesto. En consecuencia, considera que en esta última ocasión el actor-recurrente no tenía ninguna razón para negarse al consenso que la demandadarecurrida se esforzó siempre por alcanzar y, por tanto, que ésta no incumplió el contrato.

Pues bien, vistos los respectivos planteamientos de ambas partes debe concluirse que el motivo ha de ser estimado porque la sentencia recurrida, al considerar que no hubo incumplimiento contractual de la demandada-recurrida por no contener el contrato ninguna cláusula de exclusividad y no venir obligada a encargar un número mínimo de servicios al actor-recurrente, efectivamente infringió los arts. 1256 y 1258 en relación con el 1124, todos del CC , ya que la falta de exclusividad o de pacto sobre un número mínimo de servicios no autorizaba a la concedente a dejar el contrato vacío del contenido manteniendo vinculado al concesionario mientras ella se desvinculaba de hecho.

Si el art. 1256 CC dispone que la validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes, impidiendo así que se erija en parte absolutamente dominante de la relación contractual ( STS 17-5-08 ) o que se produzca una novación por decisión unilateral ( STS 29-1-08 ); y si el art. 1258 CC impone a los contratantes no sólo el cumplimiento de lo expresamente pactado sino también las consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la buena fe, de suerte que solo una alteración sobrevenida y verdaderamente extraordinaria de las circunstancias contempladas al celebrarse el contrato justificaría la siempre excepcional modificación de su contenido por la denominada cláusula rebus sic stantibus ( SSTS 26-6-08 , 25-1-07 y 17-11-00 entre otras muchas), ninguna duda cabe de que la demandadarecurrida, al dejar por completo de encargar servicios al actor-recurrente estando vigente el contrato, incumplió su prestación esencial para con dicho contratante, la de captación y selección de clientes, de suerte que mientras el actor-recurrente seguía vinculado y cumplía el contrato manteniendo la infraestructura que le exigía la concedente para poder prestar un buen servicio, ésta, en cambio se desvinculaba de hecho y vaciaba de contenido el contrato frustrando la finalidad que tenía para la otra parte contratante y faltando, en suma, a su función económica ( STS 4-6-07 con cita de otras muchas)."

En el mismo sentido se pronuncia la Sentencia de 30 de noviembre de 2.010 :

"Ante todo debe señalarse que la interpretación del contrato por el tribunal sentenciador como un "marco negocial" para la celebración de particulares arrendamientos de servicios, como una especie de arrendamiento "flotante" atípicamente configurado, en principio no desacertada puesto que el contrato litigioso es ciertamente atípico, no tendría que haber desembocado en la conclusión de que el contrato era unilateral y sólo imponía obligaciones a la actora-recurrente, pues semejante conclusión infringe no sólo el art. 1256 CC sino también sus arts. 1258 y 1289 .

Realmente las dudas y vacilaciones del tribunal de apelación reflejadas en la sentencia recurrida, como resulta de su motivación resumida en el fundamento jurídico primero de la presente sentencia de casación y especialmente de su contradicción interna al calificar la rotulación de las grúas como facultad contractual de la actora que sin embargo acabó convirtiéndose en una obligación por exclusiva voluntad de la demandada, habrían podido evitarse fácilmente si en lugar de centrarse en el concepto de "arrendamiento" hubiera atendido también al de "colaboración" que la hoy recurrente proponía en su demanda como calificación alternativa pero dentro de su petición principal ("que se declare que dicha relación contractual consiste en un contrato de colaboración de servicios o de arrendamiento de servicios" , petición 2ª, folio de 16 de las actuaciones), pues evidente resulta que el denominado "Protocolo de acuerdo de proveedores" , que según ambas partes definía su relación contractual, es incardinable en el amplio género de los llamados contratos de colaboración y muy próximo a los de concesión, caracterizados no tanto por las prestaciones que el concesionario realiza para terceros por encargo del concedente, o por los contratos individuales que celebra con terceros en interés propio pero también cumpliendo su deber de promoción de los productos del concedente, como por la colaboración permanente y continuada entre concedente y concesionario ( SSTS 11-7-07 ) en rec. 2993/00 y 22-6-07 en rec. 2943/00 ). Por eso el "Protocolo" en cuestión obligaba al denominado "proveedor" , en realidad concesionario del servicio de ayuda en carretera que XXX tenía contratado con sus clientes, a estar a disposición de XXX "durante las 24 horas del día, los 365 días del año, con las garantías de calidad necesarias"; por eso se facultaba a la actora para rotular sus vehículos grúa con el logotipo de XXX; por eso se preveían sucesivos acuerdos sobre las tarifas aplicables; por eso se facultaba a cualquiera de las dos partes para resolver el contrato sin más requisito que un preaviso, rasgo característico de los contratos de distribución por tiempo indefinido; y por eso, en fin, la reciente sentencia de esta Sala de 19 de febrero del corriente año (rec. 2411/05) se ha pronunciado sobre un contrato similar y un conflicto también muy similar desde la perspectiva del contrato de concesión, si bien ciertamente en aquel caso el propio contrato litigioso se denominaba "de concesión de la prestación del servicio de asistencia en viaje", considerando la Sala en cualquier caso como esencial la obligación del concedente de captar y seleccionar clientes para el concesionario.

Así las cosas, la consideración del contrato por el tribunal sentenciador como unilateral por el mero hecho de que el referido documento no contuviera expresamente la obligación de XXX de encargar servicios a la actora hoy recurrente infringe el art. 1256 CC citado en el motivo, pues la disponibilidad prácticamente absoluta e incondicional de la hoy recurrente a los requerimientos de XXX sólo podía justificarse por la obligación contractual de esta última, no expresa pero sí implícita o sobreentendida si se recuerda lo que disponen los arts. 1258 y 1289 CC , de encargar servicios a la recurrente. Es más, si el primer "Protocolo", de 1987 , se renovó en 1996, incluyéndose entonces la facultad de la actora de rotular sus vehículos con el logotipo de XXX y reforzándose por consiguiente el vínculo de colaboración entre las partes contratantes, la explicación no puede ser otra que las razonables expectativas de la actora de que la demandada iba a seguir encargándole servicios como en años anteriores, encargos para los que la falta de exclusividad no había supuesto hasta entonces obstáculo alguno, ya que apenas cabe imaginar mayor desequilibrio contractual que el de exigir plena y absoluta disponibilidad, autorizar al concesionario a usar el logotipo del concedente, que el concesionario lo haga en tres de sus vehículos y, sin embargo, la aseguradora pueda no encargar ningún servicio a la empresa de grúas e incluso extinguir de hecho la relación contractual por la sencilla vía de vaciarla de contenido. De ahí que tampoco acierte la sentencia recurrida al aumentar aún más el desequilibrio contractual transmutando la facultad de la actora de rotular sus vehículos en una obligación por el mero hecho de haber ejercitado dicha facultad y por el propio curso de la relación contractual, pues si algo demuestra la pacífica persistencia del vínculo durante más de quince años es que la relación se fundaba, conforme a la buena fe y la confianza recíprocas, en que la demandada repartía los servicios entre sus "proveedores" de un modo que satisfacía razonablemente los objetivos empresariales de las partes; como igualmente no acierta al calificar la carta de XXX a la actora fechada en 13 de mayo de 2003, en realidad una amenaza nada velada de dejar de encargar servicios si la actora no rotulaba sus grúas, de algo encuadrable "en los propios términos del contrato marco" y justificado por el "alto grado de flexibilidad" que éste confería a la actora, sin advertir con ello que tan alto grado de flexibilidad resulta de todo punto incompatible con el art. 1256 CC en cuanto impide dejar la validez y cumplimiento de los contratos al arbitrio de uno de los contratantes.

Las anteriores consideraciones determinan, a su vez, que la sentencia recurrida también infrinja el art. 1124 CC , citado en el motivo junto con el 1256 , porque el contrato contenía obligaciones recíprocas y, como en el caso de la citada sentencia de 19 de febrero del corriente año, la demandada, al dejar de encargar servicios a la actora, so pretexto en el presente caso de que ésta incumplía una inexistente obligación de rotular sus vehículos, incumplió a su vez el contrato en un grado tan alto y esencial que lo vació de contenido hasta, como admite la propia sentencia recurrida, extinguirlo de hecho al margen de lo previsto en el propio contrato, que era la extinción o "resolución" con preaviso, dato este último en el que la sentencia impugnada no repara suficientemente porque, de haberlo hecho, habría advertido que lo que lograba la demandada mediante esa  extinción puramente de hecho era eludir la liquidación del contrato subsiguiente a una extinción ajustada a lo previsto en el mismo."

Por lo tanto en aplicación de la misma doctrina ha de rechazarse el primer motivo del recurso, del contrato concertado por ambas partes y su resolución unilateral por parte de las entidades demandadas condenadas, surge la obligación de estas de indemnizar al actor de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.124 del C.C ..

TERCERO.- En cuanto al segundo motivo del recurso ha de desestimarse exactamente igual que fue rechazada en la instancia, la alegación de que se dejó de contratar con el demandante porque este les manifestó su condición de TRADE (Trabajadores Autónomos Económicamente Dependientes a los que se refiere la Ley 20/2.007 de 11 de julio y el R.D. 197/2.009 de 23 de febrero) y posteriormente se negó a aceptar las nuevas condiciones que conforme a la citada legislación debían regular su situación, al igual que la de otras personas que tenían concertados contratos con las demandadas y se encontraban en la misma situación.

Tal alegación no es más que un pretexto para resolver de forma unilateral el contrato que vinculaba a las partes tal y como se expresa en la sentencia, puesto que consta acreditado con los documentos aportados por la parte actora unidos a los autos folios 69 a 81 y documentos 23, 24 y 25 el demandante no cumplía la condición de TRADE y así se hizo saber a la contraparte a pesar de que en un principio por error creía que cumplía los requisitos ( interrogatorio del actor), a lo que se hizo caso omiso ( se reconoce en el interrogatorio de las demandadas RACE ASISTENCIA y UNACSA al minuto 10-48 11:53 de la grabación que si se conocía que tenía un trabajador a su cargo y no cumplía los requisitos para ser TRADE ). A pesar de ello se pretendía imponer al actor la modificación del contrato en los términos que constan en el documento número 16.

CUARTO.- El perjuicio causado al demandante por las demandadas al vaciar de contenido el contrato que les vinculaba, es evidente y para la determinación de la indemnización la sentencia recurrida hace referencia al promedio anual de facturación del actor, deducido un 37% de gastos, lo que nos parece adecuado y razonable a la vista de la documentación aportada por la actora y teniendo a su vez en consideración la indemnización que prevé en la cláusula novena del contrato que se pretendía hacer firmar al actor documento número 16 para regular de forma distinta sus relaciones, al ser similar.

QUINTO.- La desestimación del recurso de apelación determina la expresa imposición de las costas causadas en esta instancia a la apelante en virtud de lo que dispone el artículo 398.1 en relación con el artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

III.- F A L L A M O S

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de apelación interpuesto por don Ramiro Reynolds Martínez en representación de RACE ASISTENCIA S.A. y UNION DE AUTOMOVILES CLUBS DE SEGUROS Y REASEGUROS,S.A. frente a la sentencia dictada por la Ilma. Sra. Magistrado-Juez de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Colmenar Viejo con fecha 18 de octubre de 2011 , que debemos confirmar íntegramente con expresa imposición de las costas causadas en esta alzada a la recurrente.

Contra la presente resolución cabe el Recurso de Casación por interés casacional y/o extraordinario por infracción procesal, en los términos previstos en el art 469 de la LECv, en relación con la Disposición Final Decimosexta de la misma, a interponer en el plazo de veinte días ante este Tribunal y del que conocerá la Sala Primera del Tribunal Supremo.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación literal al Rollo de Sala, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Firmada la anterior resolución es entregada en esta Secretaría para su notificación, dándose publicidad en legal forma, y se expide certificación literal de la misma para su unión al rollo. Certifico.

 

ENLACE DE LA SENTENCIA

CENDOJ_Sentencia_479_-2013_de_3_de_Octubre_de_2013_contra_el_Race.pdf